En Europa se entierran los cables. En España, demasiadas veces, se entierra el paisaje.
Más de 9 de cada 10 de nuestros pueblos arrastran cableado aéreo en su casco histórico. La ley ya lo prohíbe: falta cumplirla y financiarla.
Levanta la vista en cualquiera de nuestros pueblos. Verás una plaza empedrada, una iglesia de siglos, fachadas que han resistido el paso del tiempo con una dignidad que no se improvisa. Y verás también otra cosa: una maraña de cables negros que cruza el cielo de lado a lado, se enreda en los aleros y se descuelga por las fachadas como una cicatriz. Nos hemos acostumbrado tanto que casi hemos dejado de verlos. Pero ahí siguen, afeando algunos de los rincones más hermosos del país.
En la Asociación de Los Pueblos más Bonitos de España trabajamos cada día para poner en valor este patrimonio. Y nos topamos, una y otra vez, con el mismo muro: un esfuerzo enorme por embellecer y dar a conocer estos municipios, arruinado por un cableado del que nadie quiere responsabilizarse.
Miremos a Europa
No hay que irse lejos para ver que esto se puede hacer de otra manera. En Francia, en los sitios protegidos, los parques y los entornos de los monumentos, la ley impone la retirada de las redes aéreas, y cualquier nueva línea cerca de un bien protegido debe pasar por el filtro de los arquitectos de patrimonio, que pueden obligar a las operadoras a enterrarla.
Pero lo decisivo no es solo la obligación: es que existe un sistema para cumplirla. Sindicatos públicos de energía coordinan el soterramiento de las tres redes —electricidad, alumbrado y telecomunicaciones— en una sola zanja, y el coste se reparte entre el sindicato, el departamento y el municipio, que solo asume una parte. Nadie deja al pueblo solo ante el problema.
Red eléctrica ya enterrada. Y prácticamente todas las líneas nuevas que se instalan van bajo tierra. En Europa se entiende que un paisaje cuidado es también una infraestructura, y se invierte en ello.
Y aquí, ¿qué dice la ley?
Esta es la parte que más cuesta creer: en España la ley, en muchos casos, ya prohíbe el cableado aéreo en los cascos históricos.
No es competencia del Estado, sino de las comunidades autónomas, y casi todas lo recogen en sus leyes de patrimonio. La ley catalana prohíbe expresamente las instalaciones eléctricas y telefónicas aéreas o adosadas a fachada en los conjuntos históricos, que deben canalizarse soterradas. La de Castilla y León prohíbe colocar cables y conducciones aparentes en sitios históricos. La nueva ley andaluza establece que, en estos espacios, las instalaciones deben discurrir, con carácter general, por el subsuelo. Y Canarias va un paso más allá: obliga a soterrar y deja claro que el coste corresponde a las empresas, no a los vecinos. Incluso la ley estatal de telecomunicaciones excluye los tendidos aéreos en las edificaciones del patrimonio histórico.
La norma, por tanto, existe. Entonces, ¿por qué siguen los cables ahí?
Lo que ya está colgado
El hueco está en el cableado ya instalado. La normativa es exigente con la obra nueva, pero no establece una obligación general clara de enterrar lo que ya estaba puesto. Y ahí es donde se atasca todo:
- No hay un mecanismo público que financie y coordine el soterramiento, como sí ocurre en Francia.
- Cuando un pueblo reclama, empieza el baile de responsabilidades: la eléctrica dice que es de la operadora, la operadora que es del ayuntamiento, el ayuntamiento que ya cumplió su parte.
- Y a todo ello se suma el cableado en desuso: restos de instalaciones viejas que ya no dan servicio a nadie y que siguen colgando porque retirarlos cuesta dinero y no lo exige nadie.
Muchos pueblos soterran su cableado poco a poco, dos o tres calles cada vez, hasta donde llega el presupuesto de un ayuntamiento rural. Dejan el tramo preparado… y empieza la espera, porque toca que las compañías acudan a trasladar sus cables bajo tierra. Y no llegan. Pasan los meses, a veces los años, y la calle soterrada sigue con los cables colgando, como si la obra nunca se hubiera hecho.
Dos varas de medir
Porque, que conste, en España sí se soterra. En las ciudades. Allí donde hay un presupuesto municipal holgado, un consorcio dedicado al casco histórico o acceso a los grandes fondos europeos de rehabilitación, las obras se hacen: se abren las zanjas, se ordenan las redes y la ciudad recupera su imagen. El esquema, además, es siempre el mismo: la administración costea la canalización y las compañías se limitan a trasladar después su cable.
El problema es que ese esquema no existe para el pueblo pequeño. No tenemos consorcios. No llegamos a los fondos pensados para barrios urbanos. Y nos quedamos solos ante una factura imposible. Así, mientras el casco histórico de una capital se moderniza, el de un pueblo de trescientos habitantes —con el mismo o mayor valor patrimonial— sigue atrapado en una telaraña de cables. Dos varas de medir para un mismo patrimonio.
No pedimos un trato de favor. Pedimos dejar de recibir un trato de olvido.
Que se puede, se puede
Y que se puede, se puede. Lo demuestran los pueblos más bonitos del resto de Europa, que han hecho del cielo despejado parte de su identidad, y lo demuestran nuestras propias ciudades cada vez que ordenan y entierran las redes de un casco histórico. No es una utopía: es una cuestión de medios y de decisión.
Entre Los Pueblos más Bonitos de España, en cambio, los cascos completamente libres de cables son todavía una rareza, precisamente porque falta el sistema que en otros lugares sí existe. Aun así, empieza a haber señales en el plano institucional. El Gobierno de Canarias ha mostrado voluntad de abordarlo en nuestros pueblos, y mantenemos conversaciones con ese objetivo. Es un primer paso, todavía pequeño, pero en la buena dirección. Ojalá otras comunidades autónomas —que son las competentes— se sumen.
Cinco peticiones concretas
- Un vehículo específico para el conjunto histórico rural: un programa o fondo coordinado y financiado que haga por nuestros pueblos lo que los consorcios y los fondos urbanos ya hacen por las ciudades.
- Que las comunidades autónomas hagan cumplir sus propias leyes de patrimonio, que ya prohíben el cableado aéreo en estos espacios.
- Que las compañías eléctricas y de telecomunicaciones asuman su responsabilidad, empezando por los pueblos que ya tienen la infraestructura construida y esperando.
- La retirada del cableado en desuso, que afea sin dar ya servicio a nadie.
- Que ningún pueblo tenga que pagar dos veces por recuperar su propio cielo.
Devolverle el cielo a nuestros pueblos
Cuidar un pueblo no es solo restaurar una iglesia o empedrar una calle. Es devolverle el cielo. Es que quien llega pueda hacer la foto sin un cable cruzándola, y que quien se plantea quedarse a vivir vea un lugar cuidado de arriba abajo.
Nuestros pueblos son especiales. Lo dice su nombre y lo demuestra cada visitante que los descubre. Merecen el mismo cuidado que reciben los pueblos más bonitos del resto de Europa, y el mismo que se dedica a las grandes ciudades de nuestro país. Somos 126 municipios y damos voz a muchos más. Y vamos a usarla.
¿Tu pueblo también lo sufre?
Estamos documentando todos los casos para llevarlos donde haga falta. Si tu municipio arrastra cableado aéreo —o si ya hizo la obra y sigue esperando a que migren la red— cuéntanoslo.